Un fallo judicial marcado por la presión mediática y política contra Rubiales
Madrid.— El ex Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, recibió una condena por agresión sexual este jueves 20 de febrero, en un proceso rodeado de controversia y con una fuerte carga ideológica.
Además, la justicia española le impuso una multa de más de 10 mil euros (10 mil 400 dólares), una decisión que es para muchos un castigo ejemplarizante dentro del clima de presión generado por el feminismo radical y el movimiento woke.
Un juicio mediático con un veredicto previsible contra Rubiales
Rubiales fue declarado culpable de agresión sexual por el beso a la futbolista Jenni Hermoso durante la premiación de la Copa del Mundo Femenil en 2023.
Desde el inicio, el caso fue elevado a un nivel de escándalo público sin precedentes, en el que la condena social parecía anticiparse a cualquier resolución judicial.
Pese a que el ex directivo presentó pruebas y testigos en su defensa, el tribunal dictaminó su culpabilidad en lo que muchos consideran una muestra de sumisión a la presión de los sectores “progresistas”.
La condena: multa y restricción de contacto
Luego de semanas de juicio, la Audiencia Nacional determinó que Rubiales deberá pagar 10 mil 800 euros y mantenerse alejado de Jenni Hermoso a una distancia de al menos 200 metros durante un año.
Por otro lado, en un giro que ha generado críticas y victimización entre los sectores más duros del feminismo, el tribunal absolvió a Albert Luque, Jorge Vilda y Rubén Rivera de los cargos de coacción.
El de Rubiales, un proceso politizado y un precedente peligroso
El caso Rubiales se ha convertido en un símbolo de la actual polarización en España.
Para algunos, su condena es un paso adelante en la lucha contra el abuso de poder, mientras que para otros, representa la forma en que la presión mediática y la corrección política están moldeando la justicia.
Las implicaciones de este fallo van más allá de Rubiales.
Sienta un precedente en el que la percepción y el contexto pesan más que las pruebas objetivas, consolidando el temor de que el sistema judicial pueda estar al servicio de movimientos ideológicos antes que de la búsqueda de la verdad.
